Es una de las principales áreas de práctica legal de Marroquín Abogados (antes Bufete Marroquín), teniendo un especial reconocimiento al haber sido destacados dos de los socios del Despacho por las reputadas Guías Chambers Europe y Best Lawyers en los últimos años.

Destaca por su dilatada experiencia en el asesoramiento tanto de empresas y personas físicas en situación de crisis como de acreedores afectados por la situación de insolvencia.

Marroquín Abogados (antes Bufete Marroquín) ha participado con éxito en la reestructuración del endeudamiento financiero de importantes grupos empresariales en España, además de asesorar a pequeñas y medianas empresas en la consecución de soluciones convencionales pre-concursales, aplicando mecanismos de alerta temprana de la insolvencia a fin de facilitarla continuidad de la actividad y la conservación del patrimonio. Asimismo, respecto a la insolvencia de personas físicas, acompañamos a nuestros clientes en la tramitación del concurso consecutivo y solicitud del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI).

El despacho ha acompañado también a empresas y particulares como Administración Concursal en numerosos concursos de acreedores nacionales e internacionales, facilitando soluciones de convenio o asesorando a empresas y multinacionales en la adquisición de unidades productivas como solución prioritaria a la liquidación concursal.

Los servicios de asesoramiento en reestructuraciones e insolvencia se centran en el diagnóstico y análisis de la crisis empresarial; asesoramiento en medidas de prevención (incluido el pre-concurso) y planes de viabilidad; en reestructuración o refinanciación del endeudamiento con organismos públicos, entidades financieras y proveedores, promoviendo la solución para-concursal de la insolvencia; asesoramiento en medidas de reestructuración organizativa de la empresa, especialmente en la aplicación de medidas laborales (expedientes colectivos de extinción o suspensión, modificación de condiciones laborales); dirección y asesoramiento en la tramitación de procedimientos concursales, desde la perspectiva del deudor concursado o del acreedor (en este caso, procurando la recuperación del crédito), por todas sus secciones; dirección letrada de litigios en los que se reclama la responsabilidad de los administradores sociales; y asesoramiento en la compra de activos (unidades productivas) y de créditos de dudoso cobro, con realización de procesos de revisión o due diligence.

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